Resumen: Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias - Reem Alsalem.
El informe A/HRC/62/49 – Violence against Mothers es el primer informe temático de Naciones Unidas dedicado exclusivamente a la violencia y discriminación que sufren las mujeres por el hecho de ser madres. Fue elaborado por Reem Alsalem y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2026. Su tesis central es que la maternidad constituye un motivo específico de discriminación que ha permanecido en gran medida invisibilizado en el derecho internacional y en las políticas públicas.
Ideas centrales del informe
1. La maternidad puede convertirse en un factor de violencia:
El informe sostiene que muchas mujeres experimentan violencia precisamente porque son madres, no únicamente por ser mujeres. Esa violencia puede manifestarse antes del embarazo, durante la gestación, el parto, el posparto y durante toda la crianza. Incluye violencia física, psicológica, económica, sexual, obstétrica, institucional y digital.
2. La violencia contra las madres es estructural:
La Relatora explica que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno sostenido por:
estereotipos de género;
desigualdad económica;
falta de reconocimiento del trabajo de cuidados;
instituciones que no responden adecuadamente;
discriminación interseccional (por pobreza, discapacidad, origen étnico, migración, etc.).
3. El vínculo madre-hijo merece protección:
Uno de los aspectos más novedosos es que el informe reconoce que el vínculo entre una madre y sus hijos constituye un bien jurídico y humano que debe ser protegido por los Estados. Advierte que separar injustificadamente a madres e hijos puede convertirse en una forma de violencia institucional cuando no responde al interés superior del niño.
Aspectos especialmente relevantes:
El informe identifica diversas formas de violencia contra las madres:
violencia durante el embarazo y el parto;
violencia económica derivada de la falta de apoyo y protección social;
discriminación laboral por embarazo o maternidad;
violencia ejercida por parejas o exparejas utilizando a los hijos como medio de control;
revictimización en tribunales y servicios públicos;
campañas de desprestigio y violencia digital contra madres denunciantes.
Aportes para la violencia vicaria:
Aunque el informe aborda la violencia contra las madres de forma amplia y no se limita a la violencia vicaria, varios de sus planteamientos dialogan directamente con ese fenómeno:
reconoce que algunos agresores utilizan la maternidad para continuar ejerciendo control y violencia;
advierte que las instituciones pueden agravar el daño cuando minimizan las denuncias o separan injustificadamente a madres e hijos;
llama a que jueces, fiscales y autoridades reciban formación especializada sobre estas formas de violencia.
Recomendaciones principales:
La Relatora propone que los Estados:
reconozcan jurídicamente la violencia y discriminación contra las madres;
fortalezcan la protección social y económica de la maternidad;
eliminen prácticas institucionales discriminatorias;
garanticen acceso efectivo a la justicia;
capaciten a operadores judiciales y personal de salud;
desarrollen políticas públicas centradas en derechos humanos y en el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Aspectos innovadores:
Este informe marca un cambio importante porque:
sitúa a las madres como titulares de derechos específicos, no solo como cuidadoras;
reconoce que la maternidad puede convertirse en un motivo de discriminación y violencia;
amplía el concepto de violencia más allá del ámbito doméstico para incluir la violencia institucional, judicial, económica y social;
reclama que la protección de la maternidad sea una responsabilidad pública y no únicamente privada.
El mensaje central del informe puede sintetizarse así:
La maternidad no debe aumentar el riesgo de sufrir violencia ni reducir el acceso a derechos. Sin embargo, millones de mujeres enfrentan discriminación, abusos y desprotección precisamente por ser madres. Los Estados tienen la obligación de reconocer esta realidad, prevenirla y garantizar que la maternidad y el vínculo con sus hijos se desarrollen con dignidad, seguridad y pleno respeto a los derechos humanos.
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