El mayor deudor: el sistema judicial mexicano.

Este 2026 el acceso a la justicia no puede construirse ni garantizarse sobre la impunidad hacia la violencia vicaria sin exigir responsabilidad del Estado Mexicano y sus instituciones.

Mucho antes del 2025, el Estado mexicano mantiene una deuda estructural con las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia vicaria, el Estado y las instituciones se han convertido en el mayor deudor de la justicia mexicana.

Durante el 2025 las instituciones encargadas de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia vicaria fallaron de manera reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos:

fallan en garantizar el acceso efectivo a la justicia, en prevenir  las múltiples violencias que permanecen debidamente advertidas y documentadas, en sancionar a agresores plenamente identificados y fallan, de manera especialmente puntual, sin asumir su responsabilidad institucional.

Como en años anteriores, el 2025 se caracterizó por una simulación sistemática de protección hacia los agresores, los juzgados familiares continuan operando sin priorizar los derechos e interés superior de la niñez asi como el legitimo derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Las fiscalías y los órganos jurisdiccionales en materia penal funcionan más como instancias generadoras de impunidad, permitiendo que agresores evadan audiencias, incumplan medidas y permanezcan en libertad pese a la existencia de pruebas graves y reiteradas de violencias que vulneran los derechos de la niñez.

Existen registros de casos de retención ilegal de niñas y niños sin sanciones efectivas hacia los perpetradores, 

se ignora el riesgo hacia los derechos de la infancia, se desacreditan denuncias fundadas, se prolongan procesos judiciales que desgastan a las madres y expone a las infancias a mayores daños.

Estos hechos no constituyen errores aislados ni fallas técnicas del sistema judicial, constituyen decisiones institucionales.

Cuando el Estado y las instituciones conocen el riesgo y no actúan, cuando las pruebas existen y son ignoradas,

cuando las víctimas advierten y son revictimizadas, la violencia vicaria deja de ser un fenómeno privado o aislado para configurarse como lo que es: violencia institucional.

El año 2025 nuevamente fue otro año de impunidad anunciada, de infancias desprotegidas, de omisiones que tuvieron consecuencias devastadoras.

En México, la justicia familiar continúa operando como un sistema que invierte la carga de la prueba, coloca a las madres en posición de sospechosas y otorga trato de legitimidad procesal a agresores en contextos de violencia vicaria, esta realidad no puede llamarse acceso a la justicia, es la base de la impunidad garantizada.

Por todo lo anterior, el 2026 no puede iniciar bajo las mismas condiciones.

No sé puede garantizar la justicia sobre la negación del daño, la normalización de la violencia vicaria ni la omisión reiterada del deber de protección.

La memoria de las víctimas de violencia vicaria permanece intacta.

No habrá paz social, no habrá democracia sustantiva ni Estado de derecho mientras no exista justicia efectiva para las madres, sin garantías reales de protección de los derechos e interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Este 2026 exige un cambio estructural: la creciente impunidad, sentencias carentes de enfoque de curso de vida, mujeres e infancias con la vida judicializada, procesos degradantes, ausencia de perspectiva de género e infancias en los protocolos, no pueden seguir siendo la base del sistema judicial mexicano, de hecho, son formas análogas que vulneran los derechos y la dignidad de las mujeres.

Voces de la Violencia Vicaria 

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